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ANUARIO DE DERECHO. Año 27, N° 27. Enero-diciembre 2010. Mérida-Venezuela.
ISSN:0076-6550. 211

a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelec-
tual» del Acuerdo sobre los ADPIC, la que a su vez se sujeta a las regu-
laciones previstas en la Parte I del tratado relativa a las «Disposiciones
Generales y Principios Básicos».

En este último sentido y por constituir texto del tratado, los ar-
tículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC se estiman particularmente
relevantes para la interpretación del artículo 30. El primero plasma los
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objetivos del tratado, infiriéndose que el Acuerdo sobre los ADPIC
reconoce que la protección de los derechos privados de propiedad inte-
lectual constituye un medio para la consecución de otros fines sociales
relacionados con la generación de nuevos conocimientos y productos
que puedan derivarse de los mismos. De allí que con base en el artículo
7 consideremos que el propósito del Acuerdo es garantizar la protec-
ción y observancia de los derechos privados de propiedad intelectual
por su contribución a la promoción de la innovación, la transferencia y
difusión tecnológica que favorezca al bienestar social y económico, en
beneficio recíproco de productores y usuarios de conocimientos tecnoló-
gicos y en equilibrio de derechos y obligaciones. Por su parte, la segunda
de las disposiciones referidas consagra los principios del Acuerdo, es-
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tipulando que al formular sus leyes los países miembros podrán adop-
exclusión - Art. 29 -, las excepciones a los derechos conferidos - Art. 30 -, otras excep-
ciones catalogadas como «otros usos sin autorización del titular de los derechos» - Art.
31 -, la revocación/caducidad de la patente -Art. 32-, el plazo de vigencia -Art. 33- y, por
último, algunas regulaciones procedimentales -carga de la prueba- específicas para las
patentes de procedimiento - Art. 34 -.
15 El artículo 7 textualmente dispone: «La protección y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológi-
ca y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los produc-
tores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de manera que favorezcan el
bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones».
16 El artículo 8 textualmente dispone: «1. Los Miembros, al formular o modificar sus
leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pú-
blica y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas
medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser nece-
sario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el
presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por
sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».