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50 Castaño Zuluaga, L. Poder Judicial y Justicia Procesal / pp. 27-63

adjudican al accionar de los grupos de autodefensas de derecha, en
connivencia con agentes del Estado , amén de los actos calificados
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como terroristas de sus guerrillas; un país con varios centenares de
personas secuestradas en poder de delincuentes comunes y de la
subversión; una sociedad en la que se estima que cerca de 35.000
cuerpos de NNs víctimas fueron sepultados en fosas comunes o
arrojadas al fondo de los grandes ríos entre 1996 y 2006, cuyos
principales actores han sido los paramilitares, quienes han logrado
permear en su beneficio la administración pública y los órganos de
representación popular y que así mismo se han apoderado de cerca de
siete millones de hectáreas de tierras productivas mediante el terror y
actos de barbarie que desdicen de la racionalidad humana ; un Estado
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frente al cual se han emitido reiteradas sentencias condenatorias por
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Estado
que presenta el 45% de muertes y atentados contra sindicalistas, de
crímenes y atentados contra la libertad de asociación, erigiéndose
en un vergonzoso primer lugar en el mundo en violar los derechos
sindicales. Un Estado con un Parlamento deslegitimado con más
de la tercera parte de sus miembros en la cárcel o investigados por
corrupción, parapolítica, concierto para delinquir y con innegables
nexos con organizaciones armadas al margen de la ley. Un Estado
que presenta unos gobernantes elegidos en una democracia

14 En sólo el Departamento de Antioquia se estiman en más de 14.000.
15 A raíz de la confesiones dadas por los comandantes paramilitares inmersos en el pro-
ceso de la ley 975 de 2005, buscando beneficios de rebaja de penas por colaboración
se han logrado recuperar 4.000 restos humanos en fosas comunes en tierra firme, que
no son sino la punta del iceberg, pues la mayoría de las víctimas fueron descuartizadas
y arrojadas al fondo de los principales ríos colombianos, que se han convertido en un
cementerio de impunidad y de olvido, cuando no reducidas a cenizas después de ha-
ber sido introducidas en hornos crematorios dispuestos para el efecto, como lo confesó
desde Norteamérica Mancuso. Víctimas torturadas, abusadas, mutiladas y finalmente
descuartizadas buena parte de ellas. Baste ilustrar diciendo que sólo uno de los jefes pa-
ramilitares acogido a la mal llamada Ley de justicia y paz declaró no tener la dimensión
exacta de los homicidios cometidos por el grupo a su cargo, que en todo caso irían de
1.300 a 1.500. (Datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Registros
del Instituto Nacional de Medicina Legal; y un estudio del profesor Germán Antía Mon-
toya, «NNs en morgues y fosas comunes»).