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48 Castaño Zuluaga, L. Poder Judicial y Justicia Procesal / pp. 27-63

del grado de politización a que se a llegado, pues sus titulares no
muestran con hechos y con decisiones ajustadas a estricto Derecho
que ejercen sus funciones de control a cabalidad, con la imparcialidad
y el rigor que cabría esperarse en un régimen democrático afincado
sobre el principio de la separación de poderes.
Los derechos fundamentales que pomposamente se reconocen
en el articulado constitucional terminan desdibujados al momento
de procurar hacer efectivas las garantías que implican. El Derecho
para que sea tal debe mostrase no sólo eficiente sino eficaz, esto es,
plenamente aceptado por sus destinatarios y por los operadores del
Derecho, para que pueda ser efectivo .
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Poderes de dirección del juez en el proceso

Por lo expuesto, dadas las determinantes y específicas
condiciones que imperan en un medio social inequitativo e injusto
como es el colombiano, a la vista de las condiciones de atraso
espiritual y material en la que se debate la sociedad, estimamos que
para hacer plausible la justicia procesal, el juez debe estar investido
de unos amplios poderes de dirección del mismo. Y no por ello se
puede rotular que la justicia devenga en inquisitorial. No es lo mismo
el papel que adopta un juez en un Estado racional, civilizado, con
bienestar, donde arraigan constituciones normativas, compuesto de
clases medias, con cultura política, que aquel que debe asumirse en
un Estado con una sociedad pobre y postrada espiritualmente, donde
campea la desigualdad y la injusticia de todo tipo, como es el caso
colombiano. Si en el primero el juez puede darse el lujo de la mesura
y hasta del conservadurismo (por ejemplo en España o en Alemania),

12 Un análisis concienzudo, desde la perspectiva de la sociología jurídica, abandonando
el linde de la dogmática, nos dejaría en una enorme paradoja. Si bien la esencia del cam-
bio constitucional de 1991 se centró en la consagración de los derechos fundamentales
y sus mecanismos de protección, motivada por un fin altruista, lo cierto del caso es que
precisamente la mayor escalada de atentados contra los Derechos Humanos de la pobla-
ción más humilde y desprotegida se ha desencadenado después de proclamada nuestra
ley fundamental colombiana.