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ANUARIO DE DERECHO. Año 28, N° 28. Enero-diciembre 2011. Mérida-Venezuela.
ISSN:0076-6550. 103

cieran más abierto a la sociedad civil y de carácter más inclusivo, sino que
además se mostraran como auténticos auxiliares institucionales con una
orientación más estratégica para presentar las demandas públicas de una
manera estructurada (Abelson, 2007; p. 565). Aun cuando a mediados de
la década de 1950 ya existían think tanks en Canadá que se encargaban de
«empacar» ideas políticas y promoverlas públicamente, la gran mayoría
de estas organizaciones en este país no empezaron a proliferar sino a partir
del desarrollo de una sociedad civil más rica, plural y liberal, alrededor de
la década de 1970 o tercera ola, como la definió D. Abelson (2009; p.31).
De esta manera los think tanks surgieron como un importante segmento
«mediador» para ofrecer sus servicios como analistas profesionales y
especializados en áreas de interés público o sectorizado y, así, proyectar
su influencia a través del diseño y promoción de ideas políticas, todo lo
cual se tradujo en una compleja expansión y consolidación corporativa
de los think tanks dentro del ciclo de diseño y elaboración de políticas
públicas canadiense, donde «la publicación y conferencias ofrecidas por
(…) el Instituto Fraser, el Instituto C. D. Howe, el Institutito para la In-
vestigación en Políticas Públicas, el Centro Canadiense para Alternativas
Políticas, y el Instituto Caledon contribuyeron con el fortalecimiento de
un discurso elite en materia de políticas públicas»(Brooks, 2007; p.40).

Así pues, se puede señalar a los think tanks como auténticos ac-
tores institucionales que se han dedicado a racionalizar y democratizar el
diálogo político-administrativo a través de una aproximación franca ha-
cia lo político, entendido «tal cual como es» (speaking truth to power),
brindando apoyo, (retro)alimentando o renovando los contenidos e ideas
políticas. Por tanto, un aspecto relevante para estudiar a estos agentes no
es sólo el hecho de analizar su naturaleza de intermediarios políticos entre
las instituciones públicas y un sector privado, sino además el rol que estas
organizaciones se adjudican a partir de la proyección de una imagen de la
sociedad contemporánea dependiente de la asesoría y consejo político,
es decir, en la que el abordaje planificado o estratégico de los problemas
sociales depende de un complejo proceso «para hallar soluciones viables
o, sencillamente, la venta de respuestas o alternativas en un sistema que
exige un continuo mejoramiento del desempeño y de la vida de las orga-
nizaciones» (Simonet y Bouchez, 2009; p. 2).