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104 Bianchi Pérez, P. Justificación de la Intervención Penal para la Tutela
de los Derechos de la Propiedad Industrial / pp. 93-113

NECESidad dE la tUtEla PENal

Precisada la importancia económica y social de la propiedad
industrial, y habiéndose indicado los mecanismos previos de control
que en el ámbito civil se han establecido para la tutela de los derechos
industriales, resta determinar si esa protección acordada por las
normas especiales que rigen la materia resulta suficiente, o si por el
contrario se justifica la intervención penal para la defensa de tales
derechos.

Al respecto se sostiene que no se puede deslindar la tutela
jurídica de los derechos de propiedad industrial de la ordenación de
la libre competencia, de la protección de los consumidores y usuarios,
y del interés general en el correcto funcionamiento del mercado, toda
vez que ello va a condicionar la eficacia de la intervención punitiva,
en el sentido de obligar a la legislación penal a asumir un papel
fundamental para optimizar los específicos mecanismos de regulación.
Pero al propio tiempo se aclara que el Derecho penal, en respeto del
principio de intervención mínima, debe dejar a cargo del Derecho
privado la respuesta a una importante parte de las infracciones de la
propiedad industrial, reservando por tanto su intervención a los casos
más graves de agresión de tales derechos (Martín Uranga, 2003, pp.
485-486).
Ante esta situación, se señala que si bien existen mecanismos
privados para la protección de los derechos de propiedad industrial,
es criterio generalmente aceptado que la vía penal puede resultar
más eficaz desde el punto de vista de la prevención general, por tener
mayor carácter coactivo (Del Rosal y Segura García, 1997, pp. 212-
213).
En complemento de lo anterior, se aduce que la violación
de estos bienes jurídicos traspasa la mera afectación de los intereses
particulares del titular registral, al tener una trascendencia económica
sobre el buen funcionamiento del mercado y los intereses de los
consumidores, lo que justifica la necesidad de su protección penal a
pesar de la existencia de normas de naturaleza iusprivatista (Segura