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100 Bianchi Pérez, P. Justificación de la Intervención Penal para la Tutela
de los Derechos de la Propiedad Industrial / pp. 93-113

Derecho penal eficaz y transparente, basado en la legalidad,
responsabilidad y credibilidad, guardián de las garantías
individuales básicas, ajeno a cualquier tentación que intente
colmar, en palabras de QUELOZ, ‘el déficit de seguridad por
un déficit democrático’(Iglesias, 2001, p. 1.472).

A partir de la premisa anterior, se comparte el criterio de
Herzog, quien advierte que no se debe caer en una política criminal
emotiva, pues «El encarnizado ataque jurídico penal contra los
síntomas de desorganización social, por lo demás, sólo calma los
miedos de la población a corto plazo, pero a la larga aumenta la crisis
de confianza en el Estado» (s.f, pp. 54-55).

En consideración de todo lo expuesto, puede quedar en duda
la vigencia del principio de intervención mínima, y justamente los
delitos relativos a la propiedad industrial podrían ser ubicados en la
zona de difícil justificación en el referido conflicto entre expansión
del Derecho penal y Derecho penal garantista. Por ese motivo, debe
hacerse un esfuerzo particular para fundamentar convincentemente
la intervención penal en este ámbito, a fin de sustentar la aseveración
de que los tipos penales mediante los cuales se sancionan los
comportamientos de mayor gravedad y referidos a derechos
industriales registrados, no se ubican en la zona expansiva de conflicto
del Derecho penal.

imPortaNCia dE la ProPiEdad iNdUStrial

Al abordarse el tema de la justificación de la protección penal
de un determinado bien jurídico se deben tener presentes, tal y como
lo destaca García Rivas (1996, p. 55), siguiendo a Mayer, dos aspectos
completamente diferenciados: En primer término, se requiere
precisar el merecimiento de protección, es decir la relevancia que en el
ámbito social tiene un determinado bien para ser merecedor de tutela
jurídica. Este primer aspecto es común a todos los bienes legalmente
protegidos, con independencia de la esfera jurídica en cuyo marco se
acuerde su tutela (civil, administrativa, penal, etc.). Efectuado este
primer análisis, se debe concluir si se justifica elevar a ese bien, digno