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60 Castaño Zuluaga, L. Poder Judicial y Justicia Procesal / pp. 27-63

en el fondo reivindican modernamente el que no habrá sumisión de
dicho poder a ningún otro, en una aspiracional formalidad frente al
Poder Ejecutivo, de cuya coyunda se ha querido liberar. Las garantías
de la independencia judicial se apuntalan en las normas que se puedan
establecer y que atiendan a hacerla efectiva, pues no basta con su
sola proclamación. De ahí que se haga necesaria la confección de un
Estatuto personal para el Poder Judicial como medio de realización
de su independencia. En el ámbito colombiano la garantía formal se
manifiesta en la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de
Justicia, como precisamente se denomina. Ella, en tanto instrumento,
se erige en garantía formal de la independencia judicial, pero no basta
con ello, pues se hace necesario que sea operativa en la práctica, que el
contenido de dicho estatuto funcione para que se pueda hablar de que
alcanza su garantía material. La realidad colombiana deja mucho que
desear al respecto, puesto que si se considera que ha sido el legislador
el que le ha otorgado la garantía formal, por haber creado la norma, se
ha desdibujado en la práctica si hemos de considerar el enorme poder
que acumula el Ejecutivo y que por desliz del propio constituyente
le ha permitido expedir algunos reglamentos que se relacionan con
la forma cómo se habrá de regir la propia Administración de Justicia.
Asuntos que sólo le atañen al legislador y al propio Poder Judicial han
sido dejados para ser reglamentados por el Ejecutivo Nacional, con lo
que se hace evidente la quiebra de la aspiración de la independencia
judicial.

El juez colombiano aún no se ha concientizado del poder que
posee, de su independencia, ha sido tímido, autorecortando el alcance
de su propio poder, autorestringiendo sus posibilidades de acción.
En Colombia es más notoria la intromisión del Ejecutivo en las Altas
Cortes que en los juzgados inferiores, pues es en aquellas en donde
se ventilan los asuntos que tienen que ver con el manejo del poder
o de su control. En particular, la intromisión del Ejecutivo se hace
evidente en la actualidad en la Corte Constitucional y en el propio
órgano encargado de atender a las necesidades y a la organización
administrativa y disciplinaria del Poder Judicial, como es el Consejo
Superior de la Judicatura. Por fortuna para la democracia, su grado de