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32 Castaño Zuluaga, L. Poder Judicial y Justicia Procesal / pp. 27-63

Para el adecuado funcionamiento del proceso jurisdiccional no
basta con sólo atender a las políticas del proceso propiamente dicho,
también se hace necesario tener en cuenta una regulación adecuada
de la profesión del abogado, de la carrera judicial, lo mismo que el
fortalecimiento de mecanismos que contribuyan a la moralización de
la actuación de las partes intervinientes en el litigio. De poco sirven las
reformas, por innovadoras que se quieran presentar, a las estructuras
propiamente procesales si no se atiende integralmente al ejercicio de
la regulación de la profesión del foro, al control y fiscalización que se
efectuar por parte del Estado a la calidad de la enseñanza con que se
ofertan los estudios del Derecho en nuestras instituciones educativas,
más preocupadas por la rentabilidad que por la calidad o por la ética
con que se forma a los futuros profesionales del foro, de la judicatura
y de la administración.
Una adecuada justicia procesal se lograría cuando operadores
profesionales del Derecho, esto es, jueces, abogados y académicos
trabajemos armónicamente y en una misma línea, la de procurar
la realización de la justicia. De su labor racional, acompasada,
diligente, responsable y sabia, dependerá, en buena medida, una efi-
ciente Administración de Justicia. Hoy, por el contrario, asistimos
al distanciamiento entre todos, notorio entre abogados litigantes y
fiscales, entre quienes la concepción o la interpretación que se realiza
de las normas jurídicas poco en común presentan, como si una fuese la
disposición jurídica tal como la estatuye el legislador y otra la manera
como interactúa en la realidad. Desde este punto de vista valdría la
pena preguntarnos desprevenidamente ¿cuál es la contribución que
hace la abogacía a la administración de justicia? ¿Cuál el aporte de la
magistratura togada a la misma? ¿Cuál el de los centros de enseñanza
del Derecho? ¿Qué responsabilidades se derivan al respecto para el
Estado, los Colegios de Abogados y las Universidades que ofrecen
titulaciones en Derecho? La verdad es que asistimos a una crisis
deontológica de la abogacía, con personas no todas debidamente
preparadas ni profesional ni éticamente para asumir tan delicada
función social.