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ANUARIO DE DERECHO. Año 26, N° 26. Enero-diciembre 2009. Mérida-Venezuela.   31
            ISSN:0076-6550.


            del Derecho por conllevar a la propia actividad de los tribunales de
            justicia . Se da una estrecha relación  entre la actuación que surten los
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            abogados y el desempeño de los funcionarios judiciales encargados
            de la principal función del Estado social, democrático y de Derecho,
            cual  es  la  de  dispensar  justicia.  Los  operadores  del  foro  somos
            parte  integrante  de  la  actividad  de  control  social  que  en  definitiva
            materializan los órganos policivos, administrativos y judiciales. Las
            relaciones  que  se  dan  entre  la  sociedad  y  la  justicia  se  posibilitan
            por la función activa del abogado. Aún más, las decisiones judiciales
            se legitiman a través de nuestra corporación profesional. En buena
            medida el desempeño de los funcionarios estatales depende del papel
            que asuman los abogados en sus litis. Un buen abogado, profesional
            y  honesto,  con  buenos  y  profundos  conocimientos  sociojurídicos
            obliga a los operadores judiciales, en estricto sentido, a mostrarse más
            mesurados  y  justos  al  momento  confeccionar  sus  providencias.  Un
            buen profesional del Derecho, reputado en el medio, hace que la labor
            de la Administración de Justicia se traduzca en equidad, en legalidad
            y en apego al ordenamiento jurídico (Castaño y Antía, 2004, p. 241).
                   En un Estado social, democrático y de Derecho, en nuestra
            calidad de interlocutores directos frente al aparato de justicia estatal
            nos cabe la enorme responsabilidad social de procurar la eficacia de
            la sentencia togada, que en últimas es garantía de acceso a la tutela
            jurisdiccional efectiva.  La justicia debe ser técnica y puesta al alcance
            de  las  clases  menos  privilegiadas  de  la  sociedad.  Los  intereses  de
            la  burocracia    judicial,  de  las  corporaciones  de  abogados  y  de  los
            empresarios  deben  ceder  al  interés    general  de  la  sociedad  que
            demanda una justicia pronta y oportuna para todos.

                   La confianza en el juez se consolida en la medida en que se
            muestre profesional e independiente, además de que logre eficacia en
            su trabajo, algo que se mide a partir de la calidad de los apoderados de
            las partes que concurran e interactúen calificadamente en el proceso.

            2  «Es sin duda por este motivo que, luego de las que versan sobre los jueces, las investi-
            gaciones sobre el tema de los abogados y la profesión legal han sido las más numerosas
            de la sociología jurídica empírica»(Bergalli, 1983,  p. 77).
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