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30 Castaño Zuluaga, L. Poder Judicial y Justicia Procesal / pp. 27-63

Una sobre oferta de abogados al interior de una sociedad,
concentrados en los principales centros urbanos, termina por
pauperizar y degradar la profesión, incidiendo en la utilización
de estratagemas o urdimbres “non sanctas”, esto es, poco éticas e
incorrectas que terminan por afectar la actividad misma, todo por lo
que podríamos llamar “la guerra del honorario”, pues la verdad es que
un litigante mal compensado, sin mayor incentivo tampoco dejará su
lomo en la arena por sacar su causa o su cliente avante. Una defensa
técnica requiere no sólo de dedicación y tiempo sino de tranquilidad
y sosiego, con lo que un abogado con mil pequeñas causas a cuestas
se convierte en un simple patinador-tramitador ante los despachos
judiciales, carente de tiempo para sustentar sus argumentos, para
dedicarse al estudio de la doctrina y de la jurisprudencia, para
actualizarse, para estar a la altura académica que se requiere para ser
un verdadero jurista.
La Administración de Justicia de un Estado determinado
indudablemente se cualifica y se fortalece cuando cuenta con
unos abogados dignos émulos de los jueces, en calidades y en
conocimientos. Como alguna vez lo planteara en otro escenario, los
abogados constituimos unos operadores legales de la Administración
de Justicia, aunque no seamos sus burócratas, en la medida en que nos
erigimos en los interlocutores directos de los funcionarios judiciales y
administrativos, en cuanto intermediarios entre el Estado y la sociedad,
entre el poder y los ciudadanos. Es mediante nuestro gremio que
se puede hacer escuchar la voz y las demandas de los ciudadanos y
somos nosotros los abogados, como ente corporativo, los encargados
de hacer garantizar los derechos fundamentales y los derechos civiles
y políticos de los administrados. Nosotros traducimos, al igual que
el resto de los operadores legales investidos de legitimidad por el
Estado, los elementos del poder que se manifiestan por medio de los
fenómenos jurídicos.

Resulta decisiva en la vida institucional de una sociedad política
bien organizada la influencia de las intervenciones de nuestro gremio
profesional en los procesos que pretenden la realización efectiva