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128                        Pavó Acosta, R. Crisis de la Administración de Justicia. Estrategias
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               8-. Servicios públicos
               9-. Dominio público. (ob. cit., 1989, p.18)
                   Otro punto de vista es del estudio de la litigiosidad de acuerdo
            a  los  sujetos  que  litigan:  si  son  los  ciudadanos,  empresas  y  otras
            personas jurídicas.
                   Entre  las  opciones  e  intereses  específicos  del  estudio  de  la
            litigiosidad está el de conocer sobre cuáles cuestiones litigan más los
            ciudadanos y entidades, ello ofrece respuesta a la interrogante sobre,
            a qué se dedican los tribunales. El análisis de la litigiosidad resulta
            insoslayable  para  el  caso  en  que  se  pretenda  formular  propuestas
            acerca de la ampliación de la competencia de los tribunales, variar la
            distribución de competencias entre las diferentes salas e instancias,
            proponer la especialización de nuevas salas o jueces, en la proposición
            del  aumento  o  reducción  de  la  cantidad  de  jueces  y  del  personal
            de  auxiliar,  con  el  consiguiente  aumento  de  recursos  materiales  y
            financieros. El análisis de la litigiosidad, brinda también información
            empírica de utilidad como argumentos para las propuestas de cambio
            normativo; en cuanto a las normas sustantivas y procesales.

                   Otra  de  las  variables  que  suelen  seguirse  en  los  estudios
            sobre litigiosidad se refieren a la Pertinacia en la Intención de Litigar,
            tomando como indicadores, por ejemplo, a la cantidad de asuntos que
            se litigan en:
                   1. Única instancia
                   2. Segunda instancia
                   3. Revisión.


                   3.2  la lentitud

                   Otro  de  los  problemas  de  interés  de  las  investigaciones
            sociojurídicas  en  este  campo,  es  el  de  la  demora,  que  se  refiere  a
            la  imposibilidad  de  los  jueces  de  impartir  la  justicia  dentro  de  los
            términos  establecidos.  Esta  anomalía  se  visualiza  en  que  como
            tendencia  fundamental  los  asuntos  se  tramitan,  en  un  tiempo  que
            excede de lo que se ha considerado como duración razonable, es decir,
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