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Dàvila, Wilfredo y Moreno, Marlid. Recursos del contribuyente contra las actuaciones de la
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            públicas y los deberes del individuo, consagrando además los límites
            de las potestades del poder tributario. Todo con el ánimo de evitar
            que las instituciones del estado y/o sus funcionarios en el cumpli-
            miento de sus funciones puedan incurrir en hechos o conductas inti-
            midantes que afecten los derechos e intereses de los administrados.

            Al respecto se realiza un análisis explicativo de lo dispuesto en la
            Constitución de 1999, que está vigente, para establecer los avances
            que en materia de garantías y derechos se han dispuesto constitucio-
            nalmente.
            Las disposiciones contenidas en la constitución son de obligatorio
            cumplimiento ya que constituyen la base de todas las leyes que regu-
            lan la materia jurídica y tributaria del país.

            3.1. GARANTÍAS Y DERECHOS APLICABLES A LA DEFENSA
            DEL CONTRIBUYENTE


            La nueva constitución concibió derechos que no estaban estipulados, así
            como también adaptó a la nueva realidad social del país los ya existentes,
            de manera que se estableciera una correlación entre los deberes tributa-
            rios del contribuyente y los derechos frente a la administración. Sin em-
            bargo éstos son aplicables a los ciudadanos en general cuando exista una
            relación entre éstos y algún organismo público.


            3.1.1. DERECHOS

            El principal derecho, es el que se refiere al debido proceso, ya que se en-
            cuentra vinculado con los demás derechos y garantías que tiene el parti-
            cular para su defensa, se pueden mencionar los siguientes:

            3.1.1.1. A SER OÍDO.


            Contemplado en el artículo 49 constitucional, está directamente rela-
            cionado con el derecho a la defensa, ya que durante el procedimiento
            judicial el particular debe presentar pruebas que sustenten su inocencia;
            además de la imposibilidad legal de declarar culpable al procesado sin
            que éste haya sido escuchado. En este sentido, es elacusado el conocedor
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