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ANUARIO DE DERECHO. Año 30 N° 30. Enero-diciembre 2013. Mérida-Venezuela. 17
ISSN:0076-6550.
En la medida en que la globalización se desarrolló en las condiciones de
la enorme desigualdad económica y heterogeneidad cultural que caracte-
riza al mundo actual, generó un conjunto de cambios y contradicciones
que trastocaron y reordenaron todos los aspectos de la vida económica,
social, política, cultural, y jurídica en todas partes, generando una mayor
interdependencia y una mayor homogenización cultural mundial (Beck,
1998; Bauman, 1999).

En la actualidad está demostrado que el marco estatal sigue siendo pre-
dominante en la regulación económica, social y empresarial, y que en el
fondo adaptarse a la globalización mediante una mayor o menor inter-
vención estatal es un asunto de voluntad política nacional. Sin embar-
go, respecto de la soberanía estatal la globalización fue vista como una
amenaza. Debido a que la globalización es un proceso orientado por el
principio del libre mercado, que se desarrolla principalmente en dos di-
mensiones imbricadas, una económica y una ideológica que pretende
ampliar y estabilizar una serie de condiciones culturales, institucionales
y tecnológicas en el mundo que faciliten y justifiquen principalmente el
flujo transfronterizo de bienes, capitales y servicios en detrimento del
Estado-nación.

El impacto negativo de la globalización sobre el poder regulador del Esta-
do fue de tal magnitud, que se generalizó la opinión de que estaba decli-
nando como forma universal para la organización política y jurídica de las
sociedades nacionales. Sobre todo porque las empresas transnacionales
podían decidir sus políticas de inversión donde les pareciera más econó-
mico en relación a los impuestos y costos laborales, sin tener que pasar
por el control gubernamental, parlamentario o popular. De este modo,
las empresas terminaban imponiendo sus reglas sin tomar en cuenta las
normas y procedimientos del Estado benefactor, los sindicatos, los par-
tidos políticos, y la sociedad civil nacional, ocasionando la consecuente
pérdida de legitimidad política, de empleos y calidad de vida.

La globalización determinó que los ordenamientos jurídicos nacionales
fueran adaptados sustantiva y adjetivamente de acuerdo con los valores
y principios que facilitan el proceso de cambios necesarios para la vincu-
lación de las economías nacionales al mercado mundial. Entre esos cam-