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Rondón J.

          arbitrariedades de funcionarios o de Estados. Todavía no se ha  eliminado en la
          conducción política “la razón de Estado”, ni la pretensión de algunos movimientos
          o gobiernos de eximirse de la sumisión a la norma so pretexto de  las urgencias
          o intereses de la sociedad. Hoy, con demasiada frecuencia y por todas partes, se
          violan los derechos naturales de hombres, mujeres y niños de todas las razas y
          condiciones. Al mismo tiempo, se olvidan  ciertos principios, como la separación
          de los poderes, que se suponen garantías contra el autoritarismo y los abusos.
          En muchos casos pretende imponerse un viejo adagio romano: “inter arma leges
          silent” (13). No ocurrió precisamente eso –  en la lucha armada, las leyes callan
          – cuando en China el gobierno comunista ordenó el cese de las manifestaciones
          de  Tiananmen?  O  en  las  prisiones  de  Irak  cuando  los  invasores  occidentales
          quisieron humillar a los vencidos? O pocos meses atrás en Venezuela durante las
          protestas antigubernamentales?  Sin embargo, todas esas expresiones, como otras
          que se pueden mencionar desde  los tiempos antiguos (14),  no indican que el
          derecho  dejara de  existir o que se haya renunciado a su efectivo cumplimiento.
          No. Porque, como se puede comprobar, ahora es una realidad más viva que antes.
          Y porque, en definitiva, la norma jurídica prevé su violación y también la sanción
          a quien la infrinja.

              Por eso, los juristas no han concluido su misión. Y no porque, como pensaba
          con  amargura  Carnelutti  el  Derecho  puede  morir,  sino  mas  bien  porque  es
          necesario imponer sus normas. Tanto en el plano personal como en el social, en
          el ámbito nacional como en el universal. La ley – recordaba Joaquín Ruiz Jiménez
          (15)  –  es  “regla  de  acción”.  Debe  hacerse  realidad.  Y  en  tal  sentido,  incumbe
          una obligación a todos. Así, no basta, aunque sea importante, que el individuo
          defienda sus derechos, sino que es imperioso que la comunidad reaccione contra
          toda injusticia, si no quiere ser más tarde victima de fuerzas externas o interiores.
          La justicia, bien entendida, exige la aplicación de las normas, aún por encima y
          contra los Estados. Y  para ello resta mucho por hacer. Ahora mismo me parece oír
          la voz de quienes nos enseñaron el manejo de los procesos judiciales: abogados,
          no ha terminado la tarea!,  nos dicen el padrino de la promoción Pedro Pineda
          León, cuyo elogio hice en su despedida universitaria, y Omar Eladio Quintero,
          defensor en litis de los intereses de esta Casa. Ya Carl Friedrich advirtió que la
          lucha por el derecho no concluirá jamás, ni siquiera cuando la ley justa llegue a
          imponerse en el concierto mundial de las naciones (16).





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