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88 Milagros R. Rincón de Parra. Control de constitucionalidad... pp. 61-93
mostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir
con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la
ley. Las faltas absolutas y temporales del Defensor o Defensora del
Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Como bien señala, Requejo, 2004, p. 196, <<se trata, pues, de un órgano
constitucionalizado; de un órgano auxiliar, en tanto desarrolla funciones
técnicas que, sin incidir en la creación normativa, contribuyen a una co-
rrecta actuación estatal>>.
Igualmente, la Constitución de 1999, también acoge la figura del Fiscal
del Ministerio Público, en su artículo 284, señala:
El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del
Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribu-
ciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funciona-
rias que determine la ley.
Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas
condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia.
El Fiscal o la Fiscal General de la República será designado o desig-
nada para un período de siete años.
De tal manera que, las garantías institucionales están dirigidas a la crea-
ción de órganos auxiliares y vigilantes del Estado en pro de la protección
de los derechos fundamentales, actúan en representación del Estado,
quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, en
especial de la Constitución.
4.5.2.2.3. GARANTÍAS SUBJETIVAS O JURISDICCIONALES
Las garantías jurisdiccionales, son las contenidas en la Con-
stitución destinadas a la protección de los derechos de la persona
por intermedio de los órganos jurisdiccionales, garantías que la
