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ANUARIO DE DERECHO. Año 27, N° 27. Enero-diciembre 2010. Mérida-Venezuela.
ISSN:0076-6550. 17

eventuales violaciones de sus derechos y de sus intereses legítimos,
provocadas por la acción ilegal o ilegítima de los órganos que ejercen
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el Poder Público. Es así como:
... según la carta fundamental, es el instrumento procesal primordial
de protección de los administrados frente a la Administración. De
esta manera, la violación de una norma de derecho engendra la
anulación del acto ilegal o ilegitimo, pero también, ella puede tener
por consecuencia, la condena de la Administración de reparar los
perjuicios causados o de restablecer la situación jurídica infringida
por ella. Por ende, más allá de la sola protección de la legalidad de
la acción administrativa, es competencia también de la jurisdicción
contencioso administrativa, por imperativo constitucional, la
obligación de proteger los derechos e intereses de los justiciables. 3
Este artículo, además impone la revisión de los aspectos
esenciales del procedimiento administrativo relativos a las condiciones
de admisibilidad de la acción en justicia, al sistema de medidas
cautelares, a las decisiones judiciales contra la Administración y a su
ejecución. 4

Después de la Constitución de 1999, el legislador quedaba
obligado a reajustar el contencioso administrativo a los fundamentos
constitucionales para la efectiva protección de los justiciables.
En el 2004, el legislador adopta un nuevo texto de ley que
regula la organización y las competencias del Tribunal Supremo de
Justicia. Esta ley sustituye a la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia de 1976 que establecía, de manera provisional, las bases
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del contencioso administrativo . Su promulgación se justificó bajo el
2 Canova, A. Reflexiones para la reforma del contencioso administrativo venezolano, colec-
ción contencioso administrativo Nº 1, Editorial Sherwood, 1998, p. 57.
3 Brewer-Carias, A. Nuevas tendencias del Contencioso Administrativo en Venezuela, Edito-
rial Jurídica Venezolana, 1993, pp. 16-17.
4 Duque, R. El constitucionalismo de un Estado de derechos y el procedimiento contencioso
administrativo, Libro Homenaje Universidad Central de Venezuela, Tribunal Supremo
de Justicia, Volumen I, 2001, p. 376.
5 En Venezuela, la regulación legal y general del contencioso administrativo no había
sido realizada antes de la promulgación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justi-
cia de 1976. En ausencia de un texto legal en la materia, esta ley reguló por primera vez la
jurisdicción contencioso administrativa venezolana y definió sus bases, lo que represen-